Continúan las polémicas que cruzan las temáticas de las culturas y los patrimonios, con las políticas y los gobiernos. Esta vez, a raíz del anuncio de la Casa Blanca sobre realizar una “revisión interna integral” de ocho museos del centro estadounidense Smithsonian, a los que su presidente Donald Trump calificó como “FUERA DE CONTROL”.
En la respuesta de esta institución (que depende de fondos públicos) –el mayor complejo museístico, educacional y de investigación del mundo– recalcan su compromiso con la “excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y objetiva de la historia”. Con ello defienden sus prestigiosas muestras sobre temas protagonistas en la construcción de los Estados Unidos, como la esclavitud y el colonialismo.
Y son estos tópicos en el arte, no otros, los que provocan escozor en la administración de Trump. De hecho, el término despectivo de “cultura woke” ha sido ampliamente usado por sus partidarios más conservadores para criticar discursos que promueven la conciencia de clase, los derechos sociales y las libertades identitarias, como respuesta a las inequidades y discriminaciones que sufre gran parte de la población mundial.
Si ambos polos son reconocidos por distintas opiniones como discursos de la “verdad”, ¿puede esta validarse a través del patrimonio cultural? y, ¿quiénes ostentan el poder para decidir sobre qué es o qué no es historia y/o patrimonio?
Al respecto, el presidente de la república Gabriel Boric se refirió comentando que la decisión de su par norteamericano le parecía “absolutamente inaceptable”. Advirtiendo en la misma cita que “la cultura está en riesgo. Hoy día decimos que Estados Unidos puede estar muy lejos, pero miren cómo lo están pasando los artistas en Argentina en este momento. Por eso yo los quiero invitar a todos y a todas a defender la libertad de expresión y la cultura».
Sus palabras activaron los reclamos en la oposición y el cuestionamiento sobre la impronta imparcial que “debe” procurar el mandatario en estas cuestiones. Sin embargo, es el Estado, a través de las instituciones de producción de sentido como los museos, quienes pueden defender sus valores con políticas de preservación de los elementos constitutivos de su cultura.
Por tanto, las críticas en contra de la “ideologización” de la cultura y a favor de la “objetividad” no suelen ser más que forzosos intentos por instaurar otra ideología que reemplace a la primera. Y en esta sustitución, en donde el inmenso acervo cultural pasa a ser un selecto capital cultural –proceso de patrimonialización– que se impone como hegemonía y se reproduce como tradición, el Estado siempre ocupa un rol protagónico.
Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “la construcción del Estado va pareja con la construcción de una especie de trascendencia histórica común. A través del marco que impone a las prácticas, el Estado instaura e inculca unas formas y unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, unos marcos sociales de la percepción, del entendimiento o de la memoria, unas estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación”.
Dicen que la historia es, en realidad, la historia de los ganadores. Pero, ¿son las comunidades marginalizadas como las afrodescendientes, de mujeres, pueblos originarios y sexogenéricas, las ganadoras? Que sus reivindicaciones hayan sido incluídas en la historia de la humanidad, merece una profunda lectura sobre la importancia de defender su reciente posición allí, en donde han estado excluidas por siglos del discurso hegemónico.
