La guerra, el sexo, el cuerpo, la violencia y la muerte han sido tópicos de innumerables obras maestras a lo largo de la historia del arte. Es sencillo encontrarlos en la mitología griega, pero también están muy presentes en nuestra literatura contemporánea. Sin ir más lejos, en 2666, de Roberto Bolaño, “La parte de los crímenes” nos enfrenta una y otra vez a los asesinatos de mujeres. La descripción reiterada de los cuerpos y de las circunstancias en que son encontrados produce una lectura agotadora, incómoda y por momentos insoportable. Así, la violencia se vuelve un dispositivo estructural de la novela, una forma de enfrentarnos a la magnitud de aquello que representa.
Hoy resulta difícil discutir el lugar de Bolaño entre los autores fundamentales de la literatura chilena contemporánea. Pero su ejemplo permite preguntarnos ¿cómo determinamos cuándo la violencia de una obra es “excesiva” si la realidad que esta intenta representar también lo es?
El cuestionamiento salta a la luz de las nuevas bases de los Fondos Cultura 2027. Uno de los puntos más discutidos entre sus modificaciones, establecen que no serán considerados elegibles proyectos cuyo contenido se encuentre dentro de las categorías de “pornográfico” o “excesivamente violento” definidas por la Ley 19.846. Una norma creada originalmente para calificar obras cinematográficas terminadas, que pasa a operar como criterio de admisibilidad para proyectos que todavía no existen y en disciplinas que incluyen, entre otras, la literatura, la música y las artes escénicas.
«¿Quién va a determinar que una obra artística es “pornográfica” o “excesivamente violenta” antes de que exista, y bajo qué criterios?«, es la pregunta que sostiene la misiva escrita por la Unión Nacional de Artistas en que solicitan la fiscalización de estos cambios, con el fin de resguardar la autonomía de la creación artística, en su diversidad de expresiones. La solicitud fue acogida por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde se acordó oficiar al Ministerio de las Culturas para poder tener más información y transparencia respecto a estas modificaciones.
Algo parecido está ocurriendo con otras áreas del conocimiento. Y es que en paralelo a lo que ocurre con los Fondos de Cultura, se ha librado el debate sobre Fondecyt. Las nuevas orientaciones buscan concentrar buena parte de los recursos en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país, privilegiando ámbitos vinculados a la tecnología, la productividad, la inteligencia artificial, entre otros. Una decisión que ha despertado preocupación particularmente desde las humanidades y las ciencias sociales, formas de conocimiento que pierden espacio frente aquellas consideradas estratégicas.
No son fenómenos equivalentes. Mientras en el caso de los Fondos de Cultura hablamos de contenidos que podrían determinar la inadmisibilidad de un proyecto artístico, en el segundo caso la discusión tiene que ver con cómo se orientan recursos públicos escasos hacia determinadas áreas del conocimiento. Sin embargo, ambas conversaciones parecen encontrarse en un punto, ¿hasta dónde debe el Estado definir de antemano aquello que considera prioritario, pertinente o financiable en la producción de conocimiento y cultura? Y, al hacerlo, ¿hasta qué punto las reglas del financiamiento público terminan orientando también aquello que una sociedad crea, investiga y representa?
A propósito de esta discusión, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, planteó recientemente que una política científica adecuada a nuestro tiempo no debiera preguntarse “qué disciplinas son más útiles y cuáles podemos permitirnos relegar”, sino qué conocimientos necesita una sociedad para comprender y conducir las transformaciones que está viviendo. Como señala la rectora, podemos desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas y estas pueden ampliar extraordinariamente aquello que somos capaces de hacer, pero no pueden decidir por nosotros qué vale la pena hacer.
Aquí radica el punto de encuentro entre ambas discusiones. Porque tanto la creación artística como la investigación en humanidades y ciencias sociales avanzan muchas veces hacia lugares que no podemos anticipar. Su valor no siempre está en ofrecer respuestas inmediatas ni soluciones concretas, sino también en permitirnos observar, interpretar y cuestionar el mundo que habitamos. Y eso supone dejar espacio para preguntas incómodas y resultados inciertos.
Volvamos entonces a Bolaño. Una sociedad atravesada por la violencia necesita políticas públicas y herramientas concretas para enfrentarla, pero también necesita espacios desde donde representarla, elaborarla, comprenderla y preguntarse qué significa vivir con ella. Entonces, antes de decidir cuánta violencia resulta “excesiva”, convendría preguntarnos cuánto espacio estamos dispuestos a dejar a la creación y al conocimiento para interrogar libremente la realidad.
