Sobre 600 millones de personas en el mundo hablan español, por lo que se considera la cuarta lengua más común del planeta. Nuestro idioma es el más usado en América, el segundo más estudiado en Europa y su presencia se extiende incluso al continente africano, en Guinea Ecuatorial, y al asiático, en Filipinas.
Su expansión requirió una institución que velase por “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. Razón por la cual se funda la Real Academia Española (RAE) en 1713 y cuyo objetivo se le otorga “limpiar, fijar y dar esplendor”, según consigna su lema.
Desde entonces, se crea el “Diccionario de la lengua española” y, con ello, el instrumento normativo más consultado de este idioma. Hasta el día de hoy, sigue siendo el manual que explica los significados de las palabras en sus distintas acepciones, pero además, advierte sobre las transformaciones de la lengua y las incorporaciones de nuevos vocablos que, con su proliferación, van actualizando el contenido de este texto año tras año.
Así, por ejemplo, se han incorporado palabras chilenas como “charquicán” y “parrillar” en las últimas ediciones del diccionario. También nos enteramos de cambios como la eliminación de las tildes en las palabras “solo” y “guion” o la apertura a la opcionalidad en distintos usos de las mayúsculas. Y han sido justamente algunas de estas decisiones de la institución dirigida desde 2019 por el jurista Santiago Muñoz Machado, las que han provocado oposición.
Los cuestionamientos a la RAE no son nada nuevos. Sin embargo, la reciente columna de opinión “Por qué ni fija, ni limpia, ni da esplendor” ha sido descrita por sus miembros como “el ataque más grave desde que hay memoria”. Firmada por el escritor e integrante de la Real Academia Española Arturo Pérez-Reverte, su cercanía explica por sí sola el tono alarmista de la recepción.
En ella, el periodista y autor de “Las aventuras del capitán Alatriste” cuestiona públicamente a la institución de la que forma parte desde 2003. La acusa de haber cedido a presiones mediáticas, políticas y de redes sociales, aceptando usos lingüísticos que antes habría considerado incorrectos y sin un debate profundo. En su juicio, esto responde a “un miedo general asentado en la RAE: miedo a parecer elitistas, conservadores o excluyentes en un ámbito cultural hipersensible”.
Y entonces se reabre el debate sobre la dirección del idioma ¿Es posible aprehender una lengua a partir de un sistema de normas e instrucciones que nunca alcanza el ritmo frenético de sus transformaciones? Incluso en las aspiraciones más benévolas de generar un marco referencial sintáctico, semántico o estilístico, ¿cómo se podría equilibrar entre tradición, uso y autoridad?
Quizás la cuestión, entonces, no sea si unirse a la transformación u oponerse a ella. Más bien, asumir que la disputa por el cambio y las tensiones sobre quiénes tienen el poder para reconocerlo son parte constitutiva del idioma. Ya lo decía el semiólogo y estructuralista lingüístico francés Ferdinand de Saussure en “Curso de lingüistica general” (1916):
“La lengua no es libre, porque el tiempo permitirá a las fuerzas sociales que actúan en ella desarrollar sus efectos, y se llega al principio de continuidad que anula a la libertad. Pero la continuidad implica necesariamente la alteración, el desplazamiento más o menos considerable de las relaciones”.