Días antes de la Navidad, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que reconoce la música gospel, género tradicional de la música cristiana, como manifestación cultural. “El Estado brasileño confirma que la fe también se expresa como cultura, como identidad, como historia viva de nuestro pueblo. Es, por tanto, una celebración de la cultura brasileña en toda su diversidad artística, humana y espiritual”, afirmó el mandatario, cuya administración ha multiplicado los gestos hacia la comunidad evangélica.
Que un Estado laico ponga el foco en una expresión religiosa es casual: casi un cuarto de la población brasileña se identifica hoy como evangélica, un sector que Jair Bolsonaro ha sabido capitalizar políticamente y que ha demostrado un peso decisivo en los últimos procesos electorales. Por eso, el gesto de Lula fue leído como un movimiento estratégico, pero la discusión no se agota en el cálculo electoral. También invita a preguntarse qué entendemos por cultura, quién tiene el poder de nombrarla y qué implicancias políticas se juegan cuando el Estado legitima determinadas expresiones.
¿Es la música gospel cultura? La pregunta resulta, en el fondo, en una falsa discusión. Las expresiones religiosas han sido históricamente parte constitutiva de las culturas, y nadie pondría hoy en discusión si los bailes de la fiesta de La Tirana o el Canto a lo Divino forman parte del patrimonio cultural. Resulta una cuestión obvia, especialmente cuando se trata de tradiciones antiguas que hoy circulan sin conflicto, como folclore o herencia simbólica. El problema radica en que se trata de una expresión actual y no tanto en el estatus cultural del gospel, sino en quién lo nombra como tal y con qué fines.
Como ha señalado Pierre Bourdieu, el campo cultural no es un espacio neutro, sino una estructura con reglas, jerarquías y mecanismos de consagración que determinan qué prácticas ingresan al canon de lo culturalmente legítimo y cuáles quedan fuera. Cuando es el Estado, y no el propio campo cultural (conformado por museos, academias, críticos y artistas), quien interviene directamente en esa definición, es difícil ignorar que existe allí una operación política.
La cultura ha sido históricamente utilizada por el poder para narrar identidades, producir pertenencia y delimitar aquello que se considera representativo de una comunidad nacional. Desde la patrimonialización de ciertas tradiciones hasta el financiamiento selectivo de unas prácticas artísticas por sobre otras, las políticas culturales operan también como una forma de gobierno: no solo administran recursos, sino que construyen relatos y marcos de reconocimiento.
No es un dato menor que este gesto se produzca ad portas de un año electoral en Brasil. En octubre de 2026, Lula volverá a enfrentarse a Jair Bolsonaro en un escenario donde la cultura vuelve a operar como territorio de disputa.
Mientras tanto, en Chile, a las puertas de un cambio de gobierno, el futuro de nuestras propias instituciones culturales permanece atravesado por debates presupuestarios, redefiniciones institucionales y tensiones persistentes sobre el rol del Estado en la promoción de la cultura.
Mirar lo que ocurre en Brasil, entonces, no es un ejercicio distante. Obliga a preguntarnos qué expresiones culturales son reconocidas, validadas y visibilizadas desde el poder, y cuáles quedan fuera, por qué razones y con qué consecuencias; pese a que la creación artística ha insistido siempre en existir más allá, y muchas veces en contra, de esos marcos oficiales.
