Con tan solo unos días de diferencia, en el GAM se encontrarán el concierto de regreso de La Ley (26 de abril) y la exposición “LMBL ícono” (15 abril – 31 mayo), que reúne famosos registros fotográficos de Pedro Lemebel. Y no es casualidad que ambas instancias, que involucran a algunos de los artistas nacionales más importantes del último tiempo, aterricen en el mismo espacio.
Para nadie es sorpresa que en el Centro Cultural Gabriela Mistral se expongan proyectos artísticos de gran envergadura e impacto nacional. Ubicado en el centro de la capital y devenido en un símbolo de infraestructura pública, desde su inauguración en 2010 ha concentrado una sólida programación artística.
Aunque la nueva administración ya había adelantado la necesidad de hacer grandes recortes en los presupuestos ministeriales, lo que sí ha sorprendido al sector artístico es que el GAM se pueda ver afectado por ello. Con una ampliación en curso, que llevaba casi una década paralizada y que fue retomada por el gobierno anterior, los recursos destinados a su finalización hoy están en duda.
“Si no hay cooperación público-privada, se hace más dificultoso. Estamos haciendo todo lo posible para que se construya la Gran Sala del GAM. Evidentemente, los recortes y la estrechez de caja que enfrentamos hoy nos obligan a buscar nuevos métodos, como, por ejemplo, la cooperación público-privada”, manifestó recientemente Francisco Undurraga, Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Tras sus palabras, no tardaron en llegar reacciones de todo tipo. Entre ellas, la ex miembro del directorio del GAM y ex directora del Centro Cultural La Moneda, Alejandra Serrano, comentó que “lograr apoyo privado a través de la Ley de Donaciones Culturales, sin dudas sería un tremendo y fundacional logro”, recordando además que en el CCLM “no podríamos haber financiado las exposiciones que se hicieron sin la participación privada”.
Por otra parte, el ex Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, advirtió que “las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos” e instó a “terminar las obras del GAM”. Con una inversión que requiere cerca de 120 millones de dólares, la propuesta de una fórmula de financiamiento mixto para terminar la ampliación abre también preguntas que exceden la revisión de las arcas fiscales.
¿Podría ponerse en riesgo la autonomía programática de una institución pública al buscar recursos privados? ¿Seguirá siendo el GAM, con sus obras a medio finalizar, el elefante blanco de la cultura? Y finalmente, ¿Quién o quiénes deben ser sus financistas?
Sin duda, merece prestar atención a casos que han probado el funcionamiento de esta fórmula público-privada. Proyectos como MetroArte, que acerca a los usuarios del transporte a grandes murales, mosaicos y esculturas, transforma con ellos el cotidiano de quienes recorren sus estaciones. También el Museo Parque de las Esculturas de Providencia, donde el espacio público alberga obras de escultores chilenos contemporáneos, gracias a alianzas empresariales que permiten la construcción y exhibición de sus obras.
Estos y otros ejemplos de éxito tendrán mucho que aportar para seguir una vía de solución posible. Pero el desafío no es solo encontrar el modelo, sino decidir si existe la voluntad de sostenerlo sin diluir aquello que le da sentido: levantar la infraestructura pública de un Estado que garantice los derechos culturales de sus habitantes.
