En Chile, el término “batalla cultural” ha ganado espacio en los debates públicos, sobre todo después del estallido social de 2019 y los procesos constituyentes. En aquel período, donde se cuestionaron monumentos y símbolos patrios, en la calle se evidenció una grieta simbólica, en la cual se buscaba legitimar agendas del feminismo, las disidencias, la multiculturalidad y los derechos sociales.
Pero cinco años después, la sensación es distinta. Con el avance de ideas de extrema derecha a nivel mundial, muchos sostienen que estos sectores son los que han salido victoriosos en la “batalla cultural”, reinstalando valores de orden, tradición y anti-“ideología de género” (algo que hace unos años habría sido impensable).
Antonio Gramsci ya lo había planteado a comienzos del siglo XX en los «Cuadernos de la cárcel» (1929-1935): antes de conquistar el poder político, hay que conquistar el sentido común. Esto, a través de ideas que aparecen como naturales entre las masas «según sean instigadas o no por las fuerzas dominantes». Y esa conquista se juega en la educación, los medios y la cultura. Por eso, aunque hoy los temas de seguridad, inmigración o vivienda acaparen la discusión en Chile, el ámbito cultural es un asunto que ningún actor político puede darse el lujo de subestimar.
Una rápida mirada a las principales propuestas culturales en los programas de los candidatos presidenciales es pertinente para dar cuenta de ello. Jeannette Jara propone fortalecer la cultura como motor de cohesión y desarrollo sostenible mediante un Sistema Nacional de Financiamiento y protección laboral para el sector. Por su parte, José Antonio Kast propone un Plan Nacional de Inversiones Culturales enfocado en infraestructura y acceso territorial.
La candidata Evelyn Matthei propone fortalecer la cultura como motor de desarrollo, identidad y cohesión social, con foco en crear programas para jóvenes talentos y proyectar la cultura chilena a nivel internacional. El programa de Franco Parisi, en cambio, menciona la palabra sólo tangencialmente, asociada a “cultura emprendedora” o “cultura empresarial”. Marco Enríquez-Ominami también hace una referencia lateral, asociándose a la formación de “capital cultural” en estudiantes y a políticas de integración social.
En contraste, Johannes Kaiser dedica buena parte de su programa a situar su postura en la “batalla cultural”. Plantea “recuperar La Cultura”, en singular, basándose en la filosofía cristiano occidental para la asignación de recursos públicos, “guiada por La Verdad, el Bien, la Belleza y la Libertad”. Propone una auditoría exhaustiva de los programas estatales junto con rechazar el lenguaje inclusivo.
Por su parte, Harold Mayne-Nicholls propone garantizar financiamiento cultural estable y transparente, con participación activa de artistas y comunidades en el diseño y evaluación de las políticas. Finalmente, Eduardo Artés plantea garantizar el derecho a la cultura como un bien común y un eje del desarrollo popular, promoviendo una educación artística, antirracista y no discriminatoria desde la infancia.
Basta mirar los ejemplos internacionales para dimensionar el alcance que puede tener una u otra dirección. Jair Bolsonaro eliminó el Ministerio de Cultura de Brasil; en Estados Unidos, Donald Trump intervino para que los museos del Smithsonian se ajustaran a una visión patriótica singular; y en Argentina, bajo Javier Milei, los recortes y desfinanciamiento ha dejado al sector cultural en un estado de urgencia.
En Chile está por verse quién tomará ventaja en esta batalla cultural. El próximo domingo 16 de noviembre, cuando el país vuelva a las urnas, también se pondrá a prueba qué visión de la cultura y el sentido colectivo logra resonar con la ciudadanía.
