Hace algunos días, el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, anunció que se reversará “el tema de la expropiación de Colonia Dignidad. Lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales. Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”.
Se trata de la cancelación del proyecto del gobierno anterior que buscaba la expropiación de los terrenos de Villa Baviera en Parral que, desde 1961, ocupa el asentamiento de colonos alemanes, más conocido como Colonia Dignidad. Se proponía convertir una parte del otrora centro de detención y tortura en un sitio de memoria.
Un relato generalizado sobre la crisis financiera ha distinguido al gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero en la práctica, la reducción de presupuestos implica el desmantelamiento de diversas iniciativas y pone en jaque la sostenibilidad de varias instituciones. Suscitando reacciones y críticas opositoras, el mandatario ha respondido que esto no tiene nada que ver con ideología, ya que “no es una batalla cultural, es una batalla social”.
Sin embargo, ¿a qué proyectos se está afectando de manera significativa? Más allá del bullado caso de espacios artísticos y museos que han debido suspender obras y funciones, otro aspecto medular de nuestra cultura comienza a perder un apoyo fundamental para su funcionamiento. Cerca de 20 organizaciones vinculadas a la memoria y la defensa de los derechos humanos denunciaron que no han recibido los fondos necesarios para su continuidad, a pesar de haber sido aprobados en el presupuesto de la nación.
Y en un país marcado por las consecuencias del quiebre democrático y la dolorosa experiencia de la pérdida, no es baladí preguntarnos cómo dejar de hacernos cargo de la memoria puede dañar la convivencia y la reconstrucción del tejido social. ¿A qué lugar se está relegando la protección de los derechos humanos y qué efectos puede tener esto en nuestra sociedad?
Los sitios de memoria hoy son espacios culturales vivos. Existen como centros de reflexión; se imparten talleres literarios; se generan cineclubs y muchas otras iniciativas que, a través de las artes, conectan a la ciudadanía con el cuidado de la memoria colectiva.
También desde las artes, son muchas las obras que han representado el horror vivido en este espacio, hoy convertido en un centro turístico. En la serie pictórica La Colonia (2015), Mariana Najmanovich exploró el papel de la omisión en contextos de abuso y violencia. Por su parte, Lola Larra escribió la novela Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad (2016), abordando los abusos sistemáticos de los que fueron víctimas quienes vivieron allí sus infancias y adolescencias.
En el mundo audiovisual, la película Colonia (2015), de Florian Gallenberger, representa la desesperación por escapar del lugar. El stop motion La casa lobo (2019) de León & Cociña narra una pesadilla a cargo del líder de una secta. Y en Un lugar llamado Dignidad (2021) de Matías Rojas, un niño es testigo de un mundo de demonios y de una revolución que puede salvarlo de ellos.
Es claro el rol sostenido que han desempeñado las artes en la persistencia en ciertos temas e imágenes incómodas, pero necesarias para no olvidar ni repetir. Y aunque se declare que nada tiene que ver con cultura o ideología, cabe al menos advertir que la virtuosa relación entre arte y memoria puede dar luces sobre el arrojo de sus instituciones a categorías inferiores en las nuevas prioridades de Estado.
En ese contexto, relegar la memoria a un segundo plano no solo redefine focos presupuestarios, sino también aquello que una sociedad decide ver —o dejar de ver— de sí misma. Porque cuando el Estado se retira, el riesgo no es solo el abandono institucional, sino también el avance del olvido.
